En los últimos meses en Castilla y León el sector del transporte, ha llevado a cabo movilizaciones en protesta al impuesto que se ha fijado en 4,8 céntimos por litro de carburante. Esta subida conocida como el ‘céntimo sanitario’ empezó a aplicarse en dicha comunidad desde el pasado mes de marzo.
El presidente de Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), Juan Antonio Millán, señaló en un comunicado que se llevarán a cabo actuaciones en contra de esta nueva ley en Castilla y León "por su negativa a eximir a los transportistas de la aplicación íntegra del nuevo impuesto sobre ventas minoristas de carburantes que pretende aplicarse en dicha Comunidad autónoma a partir del mes de marzo".
Desde la Junta de Castilla y León se ha impuesto que el sector del transporte soporte el 70 por ciento de la recaudación total del nuevo impuesto, sin embargo, ninguna otra Comunidad tiene que hacer frente al impuesto de 4,8 céntimos por cada litro de carburante. Desde Fenadismer aseguran que esto supone un cien por cien superior a las demás comunidades autónomas, a excepción de la Comunidad Valenciana, en la que en la actualidad sí existe una exención total para el sector del transporte por carretera.
La Federación de transportistas, que representa a 32.000 pequeñas y medianas empresas de transporte, respalda todas las medidas de presión que acuerdan los transportistas de Castilla y León pues consideran que es una "reivindicación de sus legítimos derechos en contra de dicha medida, y por la supervivencia económica de sus empresas’.
Fenadismer afirma que la aprobación de esta nueva ley lo uno que denota es "una falta absoluta de sensibilidad del gobierno castellanoleonés por la defensa del sector profesional del transporte por carretera, configurado en más de un 85 por ciento por transportistas autónomos y microempresas, los cuales atraviesan una situación económica muy compleja".