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Hacienda investiga fraudes de algunas cooperativas de transporte

La realización de algunas investigaciones por parte de la Agencia Tributaria a algunas cooperativas de transporte ha demostrado que se realizan fraudes en lugares tan diversos de España como la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

13 jun 2012 en Artículos para profesionales del transporte - Lectura: min.

transportes
Las cooperativas de transporte son muy habituales en nuestro país, y se basan en la idea de que todos sus socios son titulares de sus vehículos con sus correspondientes autorizaciones.

La realización de algunas investigaciones por parte de la Agencia Tributaria a algunas cooperativas de transporte ha demostrado que se realizan fraudes en lugares tan diversos de España como la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Estas inspecciones han demostrado que tanto las cooperativas como sus socios están, en algunos casos, cometiendo fraudes legales, que pueden llegar a tener unas dimensiones muy importantes.

Los principales fraudes detectados tienen que ver con la liquidación del IVA y del IRPF, y deberán ser regulados desde las instituciones de Hacienda y Trabajo correspondientes en cada comunidad autónoma.

Las cooperativas de transporte son muy habituales en nuestro país, y se basan en la idea de  que todos sus socios son titulares de sus vehículos con sus correspondientes autorizaciones (tarjetas) administrativas, lo que les da derecho a realizar transporte público de mercancías. Lo habitual es que facturen directamente a la cooperativa y que sean autónomos, con lo que se acogerán al sistema de estimación objetiva o de módulos.

El problema está en que, desde hace unos años, se han venido creando lo que se denominan Cooperativas de Trabajo Asociado. Se trata de organizaciones que ofrecen a los conductores la posibilidad de trabajar como transportistas autónomos, pero sin tener que pasar por los requisitos que hemos mencionado anteriormente.

En este tipo de cooperativas, se intenta ‘atrapar’ a conductores que no tienen título de capacitación profesional, ni vehículo, ni autorización de transporte. La persona que quiera sortear todos estos obstáculos legales debe pagar una buena cantidad de dinero a fondo perdido, con el objetivo de que se le proporcione una autorización de transporte.

Además, también deberá abonar una cuota mensual, de unos 300 euros, para que se le presten los servicios fiscales y contables. A esto, hay que sumar los gastos propios de cualquier transportista y que, en la mayoría de los casos, repercuten en beneficios para la misma cooperativa, como el hecho de tener que repostar combustible en sus propios surtidores.

Además, el fraude también se da en el momento en que se le proporciona el camión, ya que normalmente está adquirido por la cooperativa, pero las letras las paga el socio. Para que esta situación tenga visos de cierta legalidad, el socio firma un contrato privado con la cooperativa y sus gestores. 

Foto: Transportes Carballo

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